Empresarios y políticos plantean cambios tributarios a la minería para mejorar transparencia y distribución de ingresos

Después de casi un año de silencioso trabajo, un grupo transversal ligado a la política y la minería, presentó un documento con una serie de propuestas para aprovechar el potencial de la actividad.

Esto incluye una veintena de recomendaciones en distintos ámbitos, consensuadas entre personalidades como el ex presidente Ricardo Lagos; el ex ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine; el director de Cesco, Jorge Bande; el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinoza; el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Rolando Humire; y los empresarios Jean Paul Luksic y Bernardo Larraín, entre otros. La idea inicial y la coordinación fue del ex ministro Álvaro García, quien ya ha hecho procesos similares en países como Perú, Colombia y Uruguay.

El documento incluye tres cambios tributarios importantes. Primero, postula que un porcentaje de los ingresos que generan los proyectos mineros queden en zonas, comunas o regiones donde se emplazan, para financiar infraestructura. Esto debe ir acompañado de una política de descentralización administrativa y financiera del Estado. Además, propone un cambio en las patentes mineras, con un cargo mayor por las que no están operativas.

La siguiente medida apunta a que el Estado provea información para que se conozca si el régimen tributario es suficientemente equitativo en la distribución de la renta minera. Junto a ello, propone suscribirse al acuerdo EITI (Extractive Industry Transparency Initiative), que es una iniciativa global que promueve la transparencia en la industria extractiva, para evitar que el mal manejo de los recursos que se generan, produzcan efectos no deseados, como, por ejemplo, la corrupción. A esto se agrega generar un grupo de supervisión que represente diferentes intereses presentes en la sociedad.

La tercera media tributaria apunta a ampliar y potenciar los beneficios socio-económicos que este sector imprime en el resto de la economía. Por lo tanto, hay que buscar una solución equilibrada que permita que la inversión en exploración y explotación asegure al país contar con una batería de proyectos futuros. “La actividad minera no sólo puede ser vista y evaluada como fuente de divisas e impuestos, sino también como fuente de generación de valor y de conocimiento avanzado”, dice la propuesta.


Cambios y próximos pasos


La ministra de Minería, Aurora Williams, valoró el documento y señaló que ahora comenzará una etapa de análisis y diálogo con otros ministerios para concretar dichas recomendaciones y que hagan sintonía con el gobierno.

A su vez, el ex presidente Ricardo Lagos, junto con destacar el diálogo de este grupo amplio de actores, dijo que esto demostraba que era posible llegar a acuerdos y que la judicialización no es el camino adecuado.

En ese sentido, el documento plantea una serie de propuestas para fortalecer la participación ciudadana temprana en los procesos de evaluación ambiental, así como la consulta indígena. De hecho pide crear un fondo para que las comunidades tengan una adecuada asesoría en estos procesos, y así ayudar a restablecer confianzas.

Las otras propuestas
Rol del Estado: Crear una estrategia para una cadena global de valor. Idear una institución público-privada que coordine al sector en esta mirada de largo plazo.
Fortalecer Codelco: Debe tener un gobierno corporativo con capacidad y autonomía, con un programa de financiamiento plurianual y con flexibilidad de gestión.
Proveedores: Mayor coordinación entre los actores y creación de un agente intermediario que promueva y facilite negocios.
Medio ambiente: Se pide un marco regulatorio transparente, eficiente, efectivo y robusto, porque actualmente existe una proliferación de exigencias del "caso a caso". También, fortalecer el SEIA y usar la Evaluación Ambiental Estratégica como base del ordenamiento territorial.
Pueblo indígena: Hace una serie de recomendaciones, como legalizar la propiedad indígena, que estas comunidades participen en los beneficios que genera la actividad y un proceso de consulta libre, previo e informado.